Un nombramiento judicial realizado a las carreras. Una demanda que revela cómo se saltaron todos los protocolos. En este episodio analizamos la sentencia que anuló el polémico nombramiento de la Jueza Promiscua de Belalcázar, un caso que expone las grietas en el sistema de designación de magistrados en Colombia. ¿Fue un simple error administrativo o hay algo más detrás?La sentencia número 040 del Tribunal Administrativo de Caldas, fechada el 2 de mayo de 2025, que resuelve una demanda de nulidad electoral. El demandante busca anular el nombramiento provisional de Olga Patricia Granada Ospina como Jueza Promiscua Municipal de Belalcázar, argumentando que viola la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, y la jurisprudencia constitucional sobre cómo deben cubrirse las vacantes, especialmente las temporales o definitivas de forma transitoria. El Tribunal concluye que el nombramiento infringe las normas aplicables y fue expedido de forma irregular al no seguir el procedimiento legal y jurisprudencial que exige publicidad y concurrencia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aborda la impugnación de una decisión previa que negó un habeas corpus. Los capturados, acusados de hurto y posesión de armas, argumentaron que su detención se prolongó ilegalmente porque no se definió su situación jurídica en el término de 36 horas, especialmente mientras un recurso de reposición estaba pendiente. Sin embargo, la Corte confirma la negativa del habeas corpus, explicando que, si bien se superó el plazo, las circunstancias particulares del caso, como la cantidad de capturados y la complejidad de las audiencias, justificaron la duración, y que la acción de habeas corpus no debe usarse para sustituir los recursos ordinarios dentro del proceso judicial en curso.

36 horas es el tiempo máximo para definir la situación jurídica de un detenido... ¿o no? La Corte Suprema analizó un caso donde el plazo se superó, pero determinó que, por la complejidad del proceso y el número de capturados, la demora fue justificada. Además, aclaró que el hábeas corpus no es un 'atajo' para eludir los recursos ordinarios. ¿Hasta dónde puede extenderse el límite? ¿Qué pasa cuando hay recursos pendientes? Te lo explicamos con todo el rigor legal.

36 horas que lo cambiaron todo. Un detenido aseguraba que su captura era ilegal por un retraso en presentarlo ante juez, pero la Corte Suprema trazó una línea clara: el hábeas corpus no es un comodín procesal. Este episodio analiza cómo se determinó que su arresto SÍ fue legal, por qué el conteo del tiempo empezó después del hallazgo de drogas, y qué significa esto para el combate al narcotráfico y los derechos ciudadanos.Hoy veremos una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolviendo una apelación en un caso de hábeas corpus. La defensa de Gilberto Jaime Betancourt argumentó que su detención inicial por parte de la policía constituyó una captura ilegal porque, según su cálculo, el tiempo límite de 36 horas para presentarlo ante un juez había expirado antes de su audiencia de legalización de captura. La Corte Suprema revisa la naturaleza y alcance del hábeas corpus, explicando que no puede usarse para reemplazar los procedimientos judiciales regulares o apelar decisiones ya tomadas por los jueces competentes, y determina que la privación de libertad actual de Betancourt es legal porque se basa en una orden de un juez emitida dentro del proceso penal correspondiente. Además, la Corte aclara que una detención temporal para registrar un vehículo durante un retén policial no se considera una captura jurídica, por lo que el conteo del tiempo para la audiencia de legalización solo inició al encontrarse la droga, confirmando así la legalidad de la captura y de los elementos de prueba.

1. El Dilema de la Dignidad vs. la Investigación Penal

• Caso concreto: Diana Paola Rubiano y su demanda contra los registros corporales en la Ley 906/2004.

• Pregunta clave: ¿Puede el Estado convertir tu cuerpo en prueba sin tu consentimiento?

• Fallo histórico: La Corte condicionó estos procedimientos a autorización judicial previa y proporcionalidad.

• Artículo 250: Originalmente permitía exámenes íntimos sin consentimiento.

• Cambio radical: La Corte lo declaró inexequible para víctimas adultas. ¡Su "no" es definitivo!

• Excepción: Solo en delitos de extrema gravedad y como último recurso (con control judicial estricto).

• Test en 3 pasos: 1) ¿Es idónea la medida? 2) ¿Es necesaria (no hay alternativas)? 3) ¿Los beneficios superan el daño a derechos?

• Ejemplo práctico: Un juez debe evaluar si extraer sangre a un sospechoso de narcotráfico es proporcional al delito.

• Error fatal en la ley: Darle al fiscal (no al juez) poder para ordenar registros íntimos.

• Solución de la Corte: ¡Solo un juez de control de garantías puede autorizarlo!

• Demandante: Alegó que usar el cuerpo como prueba viola el derecho a no autoincriminarse.

• Corte: Diferenció entre pruebas objetivas (ej: ADN) y declaraciones autoinculpatorias.

Imagina que te obligan a un examen íntimo sin tu consentimiento... ¡Esto casi pasa en Colombia! En 2005, la Corte Constitucional tumbó partes de la Ley 906 que lo permitían.
⚖️ La tensión entre dignidad y justicia: ¿Vale todo para probar un delito?
👩⚖️ El triunfo de las víctimas: Ahora, en delitos sexuales, tu cuerpo, tu decisión.
🛑 Los 3 filtros que un juez debe aplicar antes de autorizar un registro corporal.
No te pierdas este fallo que redefinió los límites del poder estatal sobre nuestros cuerpos.

En este episodio, analizamos el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de un magistrado , acusado de graves delitos como concierto para delinquir y cohecho. La Corte resuelve las apelaciones de su defensa, que busca excluir pruebas clave (grabaciones y documentos financieros) y unificar este proceso con otro similar. Exploramos los argumentos legales, la estrategia de la defensa y las implicaciones de esta decisión para la justicia colombiana. ¿Se respetará el debido proceso o se obstaculizará la investigación?

La Corte Suprema revisa un recurso de casación (SP384-2019) sobre un caso de narcotráfico en Medellín, donde varios acusados obtuvieron reducciones de pena por colaborar. ¿Se aplicaron correctamente las normas? ¿O hubo fallos que benefician injustamente a delincuentes? Este episodio analiza el polémico equilibrio entre justicia penal y negociación con organizaciones criminales.

La Corte Suprema rechazó la apelación de dos jueces acusados de prevaricato y tentativa de peculado por fallos de tutela que ordenaron devolver bienes con extinción de dominio. La defensa pidió anular el proceso, pero la Corte dijo que el recurso era improcedente, pues las nulidades no aplican contra actos fiscales. Este episodio analiza si fue un error judicial o un delito, y qué significa para la independencia de los jueces.

La Corte Suprema acaba de tomar una decisión histórica: en el caso de un exgobernador , determinó que TANTO la Gobernación como la Contraloría pueden ser reconocidas como víctimas en el mismo proceso penal. Este episodio analiza los argumentos de este polémico fallo que redefine cómo se persigue la corrupción en Colombia, sus fundamentos jurídicos y lo que significa para el futuro de la lucha contra los delitos administrativos.