Casi 10.000 personas protestaron el domingo en Guadalajara, México, por el agua del grifo que sale sucia, contaminada, con mal olor y a veces con insectos. Fue la segunda manifestación por esta crisis en una ciudad de unos cinco millones de habitantes.

Al grito de “el agua no se vende”, unas 10.000 personas volvieron a salir a la calles de Guadalajara el pasado fin de semana para manifestarse a favor del suministro de agua de calidad.

La denuncia no es nueva en el estado de Jalisco. La contaminación del agua es un problema que viene generándose desde hace una década debido a una “permisividad que se le ha dado a las industrias, porque en este país las normas ambientales son muy bajas”, acusa María González Valencia, directora ejecutiva de Imdec, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

“Este grave problema de contaminación tiene muchos años en el estado de Jalisco y fundamentalmente estamos hablando de dos regiones: la ribera del lago de Chapala, el lago de agua dulce más grande de todo México, y también la cuenca del río Santiago, uno de los ríos más tóxicos de todo el país”, indica González Valencia.

González Valencia denuncia más de una década de “abandono de toda la infraestructura”.

“Toda esta situación ha causado hartazgo por parte de toda la población. Es por eso que la gente ha salido a las calles en total rechazo a la violación al derecho humano, por el derecho al agua potable y el saneamiento”, dijo a RFI.

En el agua que llega a las casas, se han encontrado todo tipo de metales, además de bacterias y heces fecales.

“El agua que recibimos en las llaves de nuestras casas es agua maloliente con aspecto amarillento en algunas zonas, en otras, el agua sale totalmente negra”, constata María del Refugio Ramírez, de la Red de Monitoreo Vecinal de la Calidad del Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Por este monitoreo que hemos estado haciendo, hemos detectado metales pesados y que no hay cloración tampoco. La cantidad de bacterias que tenemos acaba con esa cantidad de cloro, de manera que la que nos llega a las viviendas tiene cero cloro en la mayor parte de las colonias afectadas, que son pues más de 600 colonias. Hay miles de personas afectadas por esta situación. Por eso, pues esto ya llegó al límite”, enfatiza constata María del Refugio Ramírez.

Según el sistema intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y alcantarillado, la grave crisis de abasto de agua potable en Guadalajara afecta a alrededor de 5,5 millones de personas.

El gobierno del estado de Jalisco dijo que la construcción de un nuevo sistema de distribución para solucionar el problema tomará unos seis meses.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion, que pretende iniciar sus perforaciones en Malvinas en 2027

Argentina da un nuevo paso en su disputa con el Reino Unido por las islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei ha acudido al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028. Con esta medida urgente se busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la zona. Pero ¿qué posibilidades tiene de conseguirlo? Leopoldo Godio, experto en derecho internacional, nos explica los detalles para los micrófonos de RFI.

"Creo que las solicitudes de Argentina son muy buenas. Son muy razonables, están bien planteadas. El Tribunal de Mar va a hacer lugar a esas medidas de resguardo. Lo que sí que es necesario aclarar que en 8 casos anteriores, el Tribunal de Mar no siempre otorgó las medidas que le pidieron los estados", explica, e insiste en que estas medidas se pidan ahora para evitar que los recursos vivos no renovables se utilicen de manera irresponsable.

La solicitud se presentó este martes después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres para que detuviera las actividades relacionadas con el proyecto. Argentina busca frenar el avance petrolero antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.

Sea Lion está situado en la cuenca Malvinas Norte, y su inversión prevista ronda los 2.200 millones de dólares. Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y puede agravar una disputa de soberanía que lleva décadas enfrentando a ambos países. "De las relaciones desde el punto de vista formal no debería cambiar nada en los hechos. Esto claramente va a generar disconformidad, ya lo ha generado en el Reino Unido, posiblemente tenga repercusiones, elecciones del secretario general", insiste el experto.

La petición se basa en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina solicita medidas provisionales, pero hay un obstáculo jurídico importante: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver disputas de soberanía territorial.

Londres, por su parte, defiende la legalidad de las licencias y sostiene que la solicitud argentina no suspende automáticamente las autorizaciones existentes.

La decisión del Tribunal podría ser determinante para el futuro inmediato del proyecto, aunque no resolvería por sí sola la disputa histórica por las islas. La batalla por las Malvinas suma así un nuevo frente: el de los recursos energéticos y el derecho internacional.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto para parte de los nacionalizados por la llamada "Ley de nietos" supone un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y afecta potencialmente a cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos residentes en América Latina.

Unos 400.000 españoles nacionalizados con la 'ley de nietos' podrían ver frustradas sus intenciones de votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo mantuviera la suspensión del derecho al voto para descendientes de exiliados, salvo los que demuestren que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco por razones políticas u orientación sexual, lo que podría excluir a miles de los comicios de noviembre.

La decisión supone un jarro de agua fría para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que tiene las encuestas en contra y deseaba que el Supremo levantara la suspensión. La norma que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad española es la llamada "ley de nietos", una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno español insisten en que, si se mantiene esta suspensión, se acudirá a dichas elecciones con el censo alterado.

"¿Esto qué significa? Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar", sentenció Sánchez.

Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de modificar el censo electoral con la citada ley. "Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la justicia", dijo el líder del ultraderechista VOX, Santiago Abascal.

Pero no todas las personas que consiguieron la nacionalidad merced a la Ley de Memoria Democrática, más conocida como 'ley de nietos', estarán excluidas de participar en los comicios. Habría una excepción para aquellas que acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados. Este es el caso de Diana López, residente en Argentina, que tiene raíces andaluzas. Su abuelo llegó a la Patagonia procedente de Almería huyendo de la Guerra Civil española.

"Esto de obtener la nacionalidad ha sido en gran medida un homenaje a mi abuelo. Yo no tengo ninguna pretensión de sacar provecho, de obtener los beneficios que puede conceder España. Yo obtuve la nacionalidad hace pocos meses y, en lo personal, comprendo que quien vive allá prefiera que decidan los que viven in situ. O sea, personalmente no me inquieta no poder votar. Entiendo, de algún modo, que aquellos que viven allí tienen más derecho a decidir su futuro", sostiene.

La decisión tiene consecuencias para miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero, en particular en América Latina. Argentina es el país que lidera el ranking con más solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la ley de nietos. Alrededor de 870.000, según los datos consulares difundidos durante la tramitación de la norma.

"Quizá hoy puede ser que lleguen con sus valijas algunos argentinos buscando su trabajo, su bienestar. Pero esos argentinos, hoy españoles porque adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tienen sangre española y son descendientes de aquellos españoles que alguna vez tuvieron la misma situación. Yo creo que las lágrimas son las mismas, pero los pasos en sentido contrario", dice Diana López, sollozando.

Mientras el Supremo otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares, el Gobierno español estudia, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar puede considerarse una resolución definitiva y, por tanto, si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.