El caso Maricarmen ha vuelto a poner en el foco la cuestión de los desahucios, que ha provocado todo tipo de opiniones. Para el catedrático Carlos Rodríguez Braun, lo que ha sucedido ha sido algo más o menos esperable, que ha producido «una explosión de demagogia y de sentimentalismo tóxico por parte del Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, que ha aprovechado la tribuna de la ONU para hablar de lo empático que es, como si esto -los deshaucios- fuera una cuestión de cariño y no de derechos, administración, seguridad jurídica, contratos... Esas cosas a las que él no le presta atención», indica en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro al inicio de estas líneas.

El catedrático recalca que el desahucio no solo es una cuestión legal, sino que «además depende del Partido Socialista, porque es una legislación de ellos -como contaba ayer El Debate- la que ha provocado el desahucio de Maricarmen. Era esperable la demagogia, y gracias a Dios hay publicaciones como El Debate y otras que han hablado de ello. Puede producirse perfectamente una desgracia y que sea legal. Y, lamentablemente, por otro lado, no hay demasiada reflexión sobre la necesidad de incrementar la oferta de vivienda, de aumentar la seguridad jurídica, etc.».

El profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas apunta en nuestro podcast que en este caso «la seguridad jurídica obliga a realizar algo que mucha gente piensa que no está bien». Expone un caso personal similar en el que él y sus hermanos acabaron comprando la vivienda de renta antigua en la que vivía uno de sus diez hermanos, algo que fue ofrecido a Maricarmen -comprar el piso- y no pudo hacer: «Lo que hay que hacer es arreglar las cosas», sostiene.

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A raíz del caso Maricarmen y del drama de la situación de la vivienda en España, el economista Ángel de la Fuente afirma que se están proponiendo medidas «que pueden tener un efecto adverso» (prórroga de los alquileres, eliminación de los desahucios...), y lamenta que tenemos «un problema que yo casi llamaría filosófico: la desconfianza en el mercado».

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) comenta en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio completo puede oírse pulsando al inicio de estas líneas, que «quienes proponen este tipo de medidas no creen mucho en la capacidad del mercado para resolver este tipo de problemas. Yo creo que es uno de los mejores inventos de la civilización occidental. Si bien es verdad que hay ciertos problemas y excepciones que hay que atender, el mercado resuelve la mayor parte de necesidades de la gente, también en la vivienda».

«Existe la idea de que la vivienda es un derecho y no puede ser un negocio, pero si no es un negocio razonable para la mayor parte de quienes intervienen en él, no habrá quién construya o alquile viviendas», añade. «También, quizá, el mercado del alquiler tiene que profesionalizarse, y que haya más empresas grandes que participen en él, y que eso redunde en mejor servicio, mayor eficiencia... Sin embargo, lo que hacemos es criminalizar a los grandes propietarios, y eso es ir en una dirección muy equivocada», apunta.

El catedrático de la Universidad CEU San Pablo Rafael Pampillón se mueve en el podcast en la misma línea: «Si los propietarios no tienen un incentivo para poner sus casas en alquiler, si saben que no pueden desahuciar... Ahora en Portugal pretenden desahuciar a los dos meses de que no se pague. Se trata de proteger no solo al inquilino, sino también al propietario. Si no, se da la paradoja de que intentando proteger a un inquilino vulnerable estamos excluyendo a los futuros inquilinos que quieran alquilar una casa».

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Ante el escenario preelectoral marcado por la convocatoria de comicios para el próximo 29 de noviembre, el panorama económico español afronta un severo examen. En la última edición de El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro al inicio de estas líneas, el catedrático de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas, y el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, analizan los desequilibrios acumulados en las cuentas públicas y trazan una hoja de ruta orientada a la reconstrucción institucional, la derogación de trabas regulatorias y la racionalización del gasto público.

El punto de partida del análisis evidencia el deterioro del poder de compra familiar, la elevada presión fiscal y el incremento continuado de la deuda pública, que ha sumado más de 500.000 millones de euros en los últimos ocho años hasta alcanzar los 1,7 billones de euros, lo que representa cerca de 35.000 euros por habitante.

Javier Morillas enfatiza que el reto prioritario del país reside en ganar eficiencia y acortar la brecha que separa a España de las economías más prósperas de la Unión Europea: «Estamos en aproximadamente 35.000 euros de renta per cápita frente a los 42.000 euros de la media europea. Todas las medidas deben orientarse a reducir ese diferencial».

Morillas señala además deficiencias significativas en la rendición de cuentas del sector público. Recuerda que «casi un 30 % de los ayuntamientos no rinde cuentas en España», lo que deteriora la posición del país en los índices internacionales de transparencia y percepción de la corrupción.

Por su parte, Daniel Lacalle denuncia el crecimiento del gasto superfluo en las Administraciones Públicas. Según el economista jefe de Tressis, el Estado canaliza volúmenes de recursos desproporcionados hacia partidas ineficientes: «España gasta 4.500 millones de euros al año en la Agenda 2030, 10.000 millones en transición ecológica que no necesitan las renovables y más de 4.000 millones en Asuntos Económicos; se trata de cantidades brutales de gasto superfluo».

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