エピソード

  • Defender defensores
    2025/07/09
    Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.
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  • El relato vacío de la dictadura
    2025/07/04
    El relato de la dictadura enfatiza su superioridad sobre la democracia como la mejor forma de gobierno. Aduce como prueba irrefutable que la supresión de la independencia de los poderes del Estado y su concentración en el Ejecutivo hizo posible erradicar a las pandillas, al despejar el camino para el régimen de excepción; sin obstáculos ni controles institucionales, este opera desenfrenadamente. El libertinaje permitió incluir la persecución política, cuyas víctimas son asimiladas a los pandilleros. Esa voluntad última, inapelable y despótica hizo realidad la seguridad ciudadana, hasta ahora su logro más sustantivo. Asimismo, liberó los fondos públicos de los controles de la sana administración, los cuales quedaron así a su disposición. El descontrol propició el despilfarro y la corrupción, el aumento de la deuda pública y la crisis financiera. Visto así, el mayor logro de la dictadura es la supresión de la institucionalidad democrática. Convencida de haber acertado, ya ni siquiera se molesta en encubrir o disimular su verdadero talante. Sin embargo, el envalentonamiento, destacado por la prensa internacional, tiene mucho de apariencia. La seguridad a la que el relato se aferra como carta de presentación no es tan grandiosa y hermosa, como dice Trump. Si lo fuera, la satisfacción de la misión cumplida no prestaría atención a las críticas. Pero no es el caso. La dictadura que emergió como fenómeno insuperable, resulta ser extremadamente sensible a las opiniones contrarias. Se revuelve contra los organismos internacionales que tomaron nota de su éxito y no vacilan en colocar al país entre los mayores transgresores de derechos humanos. Un primer lugar vergonzoso por lo que implica de crueldad e inhumanidad. Embiste a la prensa que denuncia sus contradicciones e inconsistencia, en especial, el pacto corrupto con las pandillas. No castiga al lobo para defender a las ovejas como sostiene el relato, sino que lo usa para depredar el rebaño revestida de decencia. El flujo constante de revelaciones ha despojado de respetabilidad a la dictadura. El relato del pastor responsable no se sostiene. El desfile de más de treinta modelos como prisioneros del Cecot en la semana de la moda de París fue de denuncia y desprecio. La reacción sarcástica de la dictadura reconoce implícitamente el impacto nocivo de la protesta. Una contradicción más, porque la prisión es visita obligada para sus invitados VIP. Enseguida intervino el New York Times, que no solo corroboró el pacto con las pandillas, sino también informó que uno de los colaboradores más cercanos de Bukele y, por tanto, con conocimiento directo de las conversaciones con los pandilleros, el responsable del sistema carcelario, acudió a la embajada de Estados Unidos en dos ocasiones para solicitar asilo “a lo grande” a cambio de proporcionar detalles sobre la conspiración de su jefe. En ese momento, Bukele ya estaba en la mira de una investigación federal, pedida por Trump. Uno de los investigadores lo descalificó por “sucio” y “corrupto”. En realidad, Bukele no llegó al poder por razones teóricas o políticas, sino por una mezcla de casualidad, oportunismo y pragmatismo. El fracaso del pacto con las pandillas y la popularidad instantánea del encarcelamiento masivo e indiscriminado fueron el comienzo. El autoritarismo represivo sintonizó con una sociedad que, desde tiempos inmemoriales, añora la mano dura que impone disciplina, orden y respeto. Esta pretensión pasa por alto que la disciplina férrea y la represión despiadada se traducen en violencia doméstica y social. En este contexto sociocultural, Bukele emergió como el gobernante ideal. La debilidad del Estado, cultivada desde siempre por la oligarquía y los militares, una alianza para acumular capital y cultivar el militarismo, facilitó el ascenso de Bukele al poder. El FMLN desperdició la oportunidad de robustecer la institucionalidad democrática. La independencia de poderes, el control de la administración pública y la persecución del delito hubieran sido revolucionarios, en sentido estricto. Pero en lugar de enfrentar a los poderes de facto, sus líderes se acomodaron al orden establecido, se olvidaron de sus bases y medraron. Si hubieran sido fieles a sus principios, habrían reforzado el Estado de derecho y así habrían cerrado la puerta a la dictadura. El relato de la dictadura de Bukele es pobre y frágil. De lo contrario, se regodearía en su propia narrativa. Abundaría en éxitos deslumbrantes e inigualables. La satisfacción por la misión cumplida sería tan embriagante que despreciaría las críticas por irrelevantes. Pero no puede desentenderse de ellas, porque no reaccionar ante el desvelamiento de la impostura es condenarse de antemano. El relato pierde terreno ante el empuje de la realidad. La dictadura actual no es mejor que la democracia. Es una versión revisada de las dictaduras pasadas, que enriquecieron a la ...
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  • En pos de una visión más amplia
    2025/07/03
    Ante el progresivo desmantelamiento de las condiciones para la vida democrática en el país, el grueso de las críticas y las advertencias sobre los riesgos de este deterioro se ha concentrado en las medidas que impulsa el actual Gobierno y en el manodurismo de quien lo lidera. Esto conlleva el riesgo de perder de vista otros elementos que también inciden en la coyuntura que atraviesa el país. Percibir con claridad lo que ocurre exige ampliar el campo visual. Implica poner atención, por ejemplo, en aquellos factores que posibilitan que un mandatario y un Ejecutivo autoritarios no solamente sean tolerados, sino incluso bien valorados. Uno de ellos es la actitud política de la población. En la más reciente encuesta del Iudop, que abordó las percepciones ciudadanas sobre el sexto año de la gestión de Nayib Bukele, se le preguntó a la población si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: “Es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad”; “Si hubiera huelgas o protestas que causaran desórdenes en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra ellas”; “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”; y “Es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura”. Con propósitos de análisis comparativo, a partir de los resultados se hizo el ejercicio de conformar tres grupos dependiendo de lo que expresaron las personas ante estas frases. En el primer grupo se incluyó tanto a las personas que dijeron estar en desacuerdo con todas esas frases como a aquellas que expresaron estar de acuerdo con una, y se le designó como el segmento con bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias; al grupo que dijo estar de acuerdo con dos de las frases se le denominó de autoritarismo moderado; y a quienes dijeron de estar de acuerdo con tres o cuatro de las frases se les nombró como el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias. Con base en esta agrupación, el 42% de los encuestados refleja un alto nivel de actitudes autoritarias; el 26%, un nivel moderado; y el 32%, un bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias. Luego se exploraron las diferencias en las opiniones sobre algunos aspectos del desempeño presidencial y gubernamental dependiendo de en cuál de estos tres grupos estaban ubicadas las personas. Dentro del grupo con un alto nivel de actitudes autoritarias, el 72% dijo que la imagen que tenían del mandatario en su sexto año de gobierno había mejorado. En cambio, para casi la mitad del grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, la imagen había empeorado. Además, en el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 65% expresó mucha confianza en Bukele, mientras que en el grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, solo el 25% externó que confiaba mucho en él. Al respecto de si el Gobierno está haciendo las cosas bien o mal, dentro del grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 74% opinó que está haciendo las cosas bien. En contraste, dentro del grupo menos autoritario, solo el 37% tuvo esa opinión. Otro dato llamativo tiene que ver con el sentimiento de cercanía o distancia hacia el mandatario: casi la mitad de personas con un alto nivel de actitudes autoritarias expresó que se siente cercana o muy cercana a él, mientras que en el grupo menos autoritario, aproximadamente el 69% dijo sentirse distante o muy distante. Finalmente, al analizar la calificación otorgada a Bukele en su sexto año de gobierno, destaca que el grupo con un mayor nivel de actitudes autoritarias le otorgó una nota promedio de 9.04, superando la calificación que le dio el grupo menos autoritario: 6.77. La tendencia observada en estos datos es que entre más alto el nivel de actitudes autoritarias, más favorable es la opinión sobre el actual mandatario y su administración; y entre más bajo el nivel de actitudes autoritarias, más exigentes y críticas son las personas en sus opiniones sobre ambos. En este marco, es importante no perder de vista que un sector considerable de salvadoreños (según los datos de la encuesta, un tercio de la población) no parece identificarse con el autoritarismo. Preservar y fortalecer las actitudes políticas de este grupo y, en general, las posturas que favorezcan una convivencia democrática es decisivo en un momento en que la apuesta gubernamental va en la dirección contraria. Al pensar en los años venideros, es fundamental contar con una visión amplia sobre los desafíos que enfrenta El Salvador, sin reducir todo a la posibilidad de un cambio de Gobierno. La mirada debe abarcar otros espacios desde donde puede surgir el cambio, incluyendo las actitudes políticas de la ciudadanía, las cuales, sin importar lo arraigadas que estén, no son inalterables.
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  • Cohesión social
    2025/07/02
    Por José María Tojeira, SJ El Gobierno de El Salvador tiene una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Se supone que el tejido social está roto y hay que reconstruirlo. En otras palabras se presupone que en el país la cohesión social es escasa y se debe trabajar desde el Estado para aumentarla. Más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo la mencionada Dirección, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, contempla también en sus estudios y análisis que la falta de cohesión social en nuestros países latinoamericanos es uno de los factores que dificultan el crecimiento económico y lo vuelve más lento. Y entre las causas de esa carencia pone la desigualdad económica y social. Porque en efecto la desigualdad, cuando es fuerte, crea en muchas personas resentimientos, sospechas de enriquecimientos ilícitos, desconfianzas y sentimientos de marginación y de incapacidad de superar las barreras sociales impuestas desde los privilegios de los sectores con poder económico o social. Con pobres moviéndose hacinados en los buses urbanos y ricos moviéndose en vehículos de 50.000 dólares para arriba, la amistad social, que es base fundamental de cohesión, difícilmente podrá darse. Como tampoco se puede dar el encuentro. Al igual que otros países latinoamericanos, nuestra desigualdad se refleja de un modo grave en los ingresos, en la educación, en el acceso a los servicios de salud, en la vivienda, en las pensiones, en la alimentación, en la capacidad de incidir en la política o de defenderse en los tribunales. Y siendo mayoría los que sufren la desigualdad es imposible la cohesión social necesaria para el desarrollo y la productividad. El discurso, generalmente bien aprendido por los políticos, puede hablar maravillas sobre la cohesión. Distintas actividades gubernamentales pueden mostrarse, edulcoradas con la adecuada propaganda, como pasos importantes hacia la cohesión social. Pero mientras la desigualdad separe y humille, las personas tenderán a salir adelante como puedan y el discurso no convencerá. Ante la desigualdad, la solidaridad tiende a desaparecer o a limitarse. Se comienzan entonces a repetir las frases consabidas de que primero hay que ver por uno y luego por los demás. El individualismo, ya de por sí fomentado culturalmente, toma en medio de las necesidades generadas por la desigualdad un cariz egoísta y poco colaborativo. La desigualdad provocó en El Salvador una guerra civil. Y a pesar de que a lo largo de este siglo XXI hubo algunas pequeñas reducciones de las diferencias económicas, fundamentalmente después de los Acuerdos de Paz, la desigualdad ha vuelto a crecer y ha continuado en niveles graves sin que se hayan encontrado caminos de una superación seria y continuada de la misma. Nos conformamos con triunfos individuales, como si eso solucionara los problemas. Sabemos que la desigualdad no provocará una nueva guerra porque la gente quedó harta de la crueldad. Y tampoco existe un campesinado masivo, como en aquellos años, que sufría una opresión feroz y que tenía una profunda cultura comunitaria. Hoy, con el capitalismo consumista voraz que domina nuestro país, lo que ha quedado es la falsa cultura del sálvese quien pueda. Frente a ello, solo la conciencia de nuestro estancamiento a causa de la desigualdad podrá sacarnos adelante. Conciencia y ponerse en serio a invertir en la gente. Para los millonarios como el señor Kriete es muy fácil decir que todo está bien en El Salvador. Pero para los ancianos sin pensión (el 75% de los que tienen más de 60 años) o para los comerciantes informales, la cuestión es más difícil. El subempleo continúa siendo una lacra y el sistema educativo no prepara para los desafíos del futuro inmediato. La prevención del desastre, aunque haya mejorado, y no solo en este gobierno, no está lista para proteger a los pobres de las desgracias cada vez más cercanas de un futuro de cambio climático que los poderosos no parecen temer. Invertir más y con seriedad en las mayorías pobres o vulnerables es el único camino.
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  • Un marco jurídico roto
    2025/07/01
    Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada. La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá. La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional. No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.
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  • El dilema de seguir o cambiar de rumbo
    2025/06/27
    La brecha entre la valoración personal de Bukele y la de su gestión muestra un desfase interesante. Mientras aquella acumula puntos (8.15), en particular, por la seguridad y el autoritarismo, su gobierno los pierde (7.85). Entre temores y contradicciones, la opinión pública distingue entre el liderazgo personal y la gestión gubernamental. La diferencia es quizás más relevante que el descenso en la valoración positiva de Bukele. Tal vez el dato más revelador de la última encuesta del Iudop sea que los colaboradores del mandatario no están a la altura de las expectativas sociales. La discrepancia plantea el dilema de seguir igual o cambiar de rumbo. Aproximar el desempeño gubernamental a la valoración del liderazgo personal implica cambiar radicalmente la gestión del poder. Bukele se rodeó de incondicionales, sin considerar su idoneidad para el cargo. Las áreas peor valoradas, según la encuesta, son la economía nacional y familiar, y el acceso a la vivienda y la salud. En general, toda la actividad gubernamental, excepto la seguridad, registra valoraciones más bien bajas. La reprobación de los diputados es notable. La opinión pública dice que no la escuchan ni se ocupan de sus necesidades, aunque reconoce que legislan exclusivamente para Bukele, al igual que los jueces, que también acatan sus órdenes. La Corte Suprema está desaparecida. La valoración de los alcaldes no va a la zaga. También es negativa, por no cumplir las promesas ni cuidar de la población. El reordenamiento de las jurisdicciones municipales entregó al oficialismo las alcaldías, sin que ello se tradujera en un mejor servicio. Los resultados se reflejan en la caída de la popularidad del partido oficial. Solo un tercio se identifica con él, el resto dice no ser afín a ningún partido político. La excesiva centralización de la gestión gubernamental, vendida como más eficiencia y mejor servicio, no se traduce en buen gobierno. La poca estima del desempeño de los poderes legislativo y judicial, y de la administración municipal aconseja replantear su futuro inmediato. Los primeros no tienen independencia para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los alcaldes, además, no disponen de los recursos para atender a la gente. Una sola persona, por muy inteligente, formada y avezada que sea, no puede dirigir satisfactoriamente una gestión gubernamental de por sí multifacética y compleja. Prueba de ello es que la centralización se ha convertido en parálisis e incompetencia. Aun en el caso de que Bukele tuviera la mejor de las intenciones y ordenara sabia y sensatamente, los datos muestran que los mandados carecen de capacidad y disponibilidad para cumplir sus órdenes cabalmente. Si estas fueran desatinadas, probablemente ninguno de sus colaboradores se atrevería a señalarlo y a proponer alternativas. Por otro lado, la concentración extrema del poder hace a Bukele directamente responsable de la gestión gubernamental. Juega a su favor que la gente achaque el mal gobierno a sus colaboradores, no a su liderazgo. Aún no ha hecho la conexión, incluso desea que se perpetúe en el poder. Eso le presta tiempo para evaluar y cambiar el rumbo. El cambio de dirección es difícil, pero posible. Superar la contradicción entre un liderazgo claramente positivo y una gestión gubernamental pobre implica deshacerse de los colaboradores ineptos, aun cuando sean leales, y reemplazarlos por otros bien formados, honrados y deseosos de servir a su pueblo. Aunque razonable, la operación es complicada. En primer lugar, muchos de los candidatos al desempleo manejan información de primera mano sobre las interioridades del régimen, con la cual pueden chantajear a la familia Bukele. Y si la extorsión no funciona, pueden exponer sus trapos sucios para vengarse. La segunda complicación es encontrar personas cualificadas y dispuestas renunciar a su tranquilidad y a jugarse su prestigio para colaborar con un gobernante autoritario y muy cuestionado por varios informes sobre corrupción y negociaciones con el crimen organizado. En este sentido, el cambio de dirección pasa por reconocer públicamente errores, incluso delitos, tan graves que pondrían en peligro su permanencia en el poder. Obviamente, esta no es una opción, al menos por ahora. Previsiblemente, el régimen continuará como hasta ahora, aun con el riesgo de ahondar todavía más el malestar registrado por la encuesta. Rehuir los reclamos de las mayorías populares y recurrir a la represión para contener a los descontentos erosionarán el liderazgo personal de Bukele a mediano plazo. El desgaste de su partido, que ya no es opción para la gran mayoría, no es buen presagio. El régimen se encuentra en una encrucijada que, dadas las circunstancias, no tiene solución viable. Si no cambia, se adentrará más aún en un callejón sin salida. Alterar el rumbo implica renunciar a su identidad autoritaria y represiva. La irracionalidad, la imprudencia y...
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  • La extrema injusticia no es derecho
    2025/06/25
    Por decreto legislativo, cada 30 junio se celebra en El Salvador el Día del Abogado. En ese marco, es oportuno recordar que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por las Naciones Unidas, afirman que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. En su sentencia 6-2020, la legítima Sala de lo Constitucional recordó que en el derecho europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de filosofía del derecho y de derecho penal, “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad”. Ahora bien, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Que los abogados analicemos (y los estudiantes de ciencias jurídicas también) si las leyes son derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Es decir, se debe cuestionar, analizar, denunciar, no obedecer a ojos cerrados sin importar si las normas jurídicas afectan o no a las personas. ¿Habrá algo que celebrar en el Día del Abogado cuando las normas jurídicas ya no cumplen con el rol de proteger a las personas? ¿Cómo se puede celebrar girando la vista hacia otro lado ante las afectaciones a derechos humanos? ¿Por qué hemos dejado de hablar sobre el respeto a los derechos humanos siendo profesionales de derecho? Sin Estado de derecho no habrá ninguna libertad que ejercer. ¿Por qué hay jueces que se convierten en la “simple boca que pronuncia las palabras de la ley” (como lo manifestaba Montesquieu) cuando el artículo 185 de la Constitución les da la facultad de no aplicar las leyes cuando estas violen los preceptos constitucionales? ¿En qué momento las autoridades judiciales dejaron de garantizar el debido proceso? El 6 de junio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados externó su preocupación por la decisión judicial en la que se ordenó la detención provisional de la abogada anticorrupción Ruth López. La relatora recordó que el debido proceso no es opcional y que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. Esta misma relatora, en mayo de 2025, durante una visita a Guatemala, afirmó que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. Asimismo, dijo que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. Y añadió: “Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad, y no como una puerta trasera para la misma”. Nos parecen aplicables estas afirmaciones al contexto salvadoreño, porque dan cuenta de una epidemia que enferma a nuestra región centroamericana. Si algo nos han enseñado el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya, y otros defensores es que no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a la discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes se pretenden hacer valer (algo que ya decía la jurisprudencia constitucional). La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó que no es proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías. La Comisión reiteró la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas. En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos, y por ello la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Los abogados debemos asumir y ejercer el derecho a defender la democracia. Según la Corte Interamericana de ...
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  • Perseguir para no ser perseguido
    2025/06/20
    Revestido de honorabilidad, Bukele arremetió de nuevo contra sus críticos. Esta vez, contra quienes identificaron a sus fiscales, sus jueces y sus troles. Los amenazó con encarcelarlos bajo el régimen de excepción por delincuentes. Nadie duda de la verosimilitud de la amenaza. Poco después, ProPublica dejó maltrecha esa honorabilidad al divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo por agentes federales de Estados Unidos, que encontraron delitos reales, no imaginarios. Irónicamente, la investigación fue solicitada por el Trump del primer mandato. La vida siempre sorprende. Varias agencias gubernamentales de Estados Unidos integraron una comisión federal para investigar a la MS-13. Pronto, los agentes ampliaron el horizonte de las averiguaciones para incluir a Bukele, a sus parientes y a catorce de sus altos funcionarios. Encontraron pruebas sólidas para acusarlos de lavar dinero, de desviar fondos de la Usaid a las pandillas, de negociar con ellas, de impedir la acción fiscal y judicial, y de obstaculizar las averiguaciones de la propia comisión federal. Estos señalamientos no son caprichosos, como los de Bukele; están respaldados por documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses antiguos y actuales. La comisión también halló evidencia de la conspiración para encubrir el pacto con la MS-13. Los funcionarios de Bukele desaparecieron a los líderes. A cuatro, buscados por los agentes federales por homicidio, los sacaron de la cárcel. A otros los ayudaron a fugarse. La extradición de los que permanecían detenidos fue impedida por los magistrados y el fiscal de Bukele. Algunos de los pandilleros detenidos están acusados del asesinato de ciudadanos estadounidenses y de conspirar para asesinar a un agente del FBI. En la investigación federal, Bukele aparece como valedor de los líderes de las pandillas. Poner a buen recaudo al liderazgo familiarizado con el pacto que lo llevó al poder y le facilitó gobernar en los primeros años es esencial para su sobrevivencia. Solo consiente en la extradición de aquellos líderes ajenos a sus tejemanejes con la cúpula de las pandillas. Bukele sabe que la comisión federal reunió pruebas que pueden ser usadas para respaldar acusaciones penales y causarle daños políticos irreparables. Conjuró el peligro al conseguir que Trump le devolviera a los líderes procesados en los tribunales estadounidenses. En consecuencia, los fiscales retiran los cargos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. La embajadora en Washington saludó la decisión como un gran logro diplomático. Bukele puede descansar tranquilo. Los hallazgos de la comisión federal probablemente no lo sentarán en el banquillo de los acusados, pero ensombrecen aún más un liderazgo hasta hace poco aparentemente irresistible. Los senadores demócratas de Maryland, Virginia y California, contrarios a financiar con los impuestos estadounidenses las cárceles de Bukele, profundizaron el desprestigio. Solicitaron bloquear las propiedades en suelo estadounidense de doce funcionarios de Bukele, cancelarles o negarles la visa, e impedirles transacciones económicas. La lista la encabeza su vicepresidente, la engrosan varios ministros y concluye con el fiscal general y el presidente del banco central. Además, piden usar el poder estadounidense en las instituciones internacionales para suspender la asistencia financiera al país. La petición difícilmente prosperará, pero oscurece aún más los nubarrones que se ciernen sobre la imagen de Bukele en el exterior. Y, por segunda semana consecutiva, The Economist volvió a la carga. En esta ocasión, al comprarlo con el presidente de Ecuador, lo descalifica como “envalentonado” o “perdonavidas”. Aunque es frecuente relacionarlos por la juventud, la afición a las redes digitales y el enfrentamiento con el crimen organizado, el ecuatoriano rechaza como absurda la similitud, porque a él le interesa fortalecer la educación y la salud públicas, y crear empleo para la juventud vulnerable. La purga de los magistrados y los fiscales, y el acoso y la intimidación de los funcionarios salvadoreños que investigaron a Bukele, sus parientes y sus funcionarios, y que también colaboraron con los federales no han conseguido encubrir la podredumbre. La evidencia reunida por los agentes federales pone en entredicho su fama de azote de las pandillas. Las nuevas revelaciones corroboran el pacto con ellas y la corrupción del régimen. El acuerdo con Trump detuvo la millonaria investigación federal y sus posibles consecuencias judiciales, pero no las políticas. Bukele se consume en una dictadura sin propuesta. Incluso la seguridad a la que debe su fama está en función del ocultamiento del origen inconfesable de su poder. Y la honestidad, otro valor destacado antaño, ha quedado hecha añicos por las investigaciones periodísticas. Desgastado y atrapado, se apropió del principio que reza que la mejor ...
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