Se nos llena la boca con la Digitalización, los Planes Estratégicos, los Fondos Europeos, la Inteligencia Artificial y la Agricultura 4.0.

Mientras tanto, en el campo Colombiano, la realidad es muy otra. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo literal:

El agricultor sigue sin tener cobertura en su finca. Ni acceso a datos fiable, ni un técnico que le enseñe a usar una aplicación.

Las preocupaciones URGENTES y reales de los agricultores son:

• • Que el Cuaderno Digital les suponga una sanción administrativa.
• • Que no les quiten ayudas esenciales por no saber subir un archivo.
• • Perder tiempo valioso con plataformas inconexas que no se entienden entre sí.

Eso es lo que les quita el sueño. Y tristemente, no lo veo reflejado en ningún discurso institucional.

Se habla de sensores y de machine learning, pero nadie pregunta si el agricultor tiene que subirse al tractor “subir a lo alto del cerro” para encontrar una raya de cobertura y enviar una simple foto.

Lo importante (la IA) puede esperar. Lo urgente (la conectividad básica y el soporte) no.

Quienes diseñan las políticas deben bajar al terreno. La falta de adaptación no es un problema de voluntad del agricultor, es un problema de medios e infraestructura.

Mientras la conversación es sobre algoritmos, ellos aún tienen que ir a la oficina del banco a imprimir un papel. Un fallo de eficiencia brutal para la economía rural.

En el marco de la política habitacional reciente, el Decreto 1166 de 2025 introduce un mecanismo excepcional para autorizar intervenciones de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva y construcción en sitio propio financiadas con subsidios estatales. Para tal fin, crea un documento especial que “hace las veces de licencia urbanística”, expedido directamente por las entidades otorgantes del subsidio. Aunque este instrumento pretende agilizar procesos y mejorar condiciones de habitabilidad, en la práctica configura un rompimiento profundo del sistema de control urbano establecido por la Ley 388 de 1997, el cual asigna de manera exclusiva el licenciamiento a los curadores urbanos o, en su ausencia, a las oficinas de planeación municipal.

Esta modificación no solo altera el procedimiento técnico de revisión; implica una transformación en la arquitectura institucional del desarrollo urbano. El decreto desplaza hacia actores financieros y administrativos una función típicamente urbanística, sin definir criterios sólidos de competencia técnica, verificación estructural ni articulación con los instrumentos de planificación. El resultado es un problema jurídico estructural: se crea un sistema paralelo y menos exigente, con vacíos que comprometen la legalidad, la transparencia y la seguridad de las obras ejecutadas bajo esta modalidad.

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No todos los soldados usan armas. Algunos disparan mentiras desde un teclado. 💻

En Ciudades con Visión hablamos de los mercenarios digitales, la guerra invisible que divide a Colombia y pone en riesgo nuestra democracia.