El miedo paraliza. El frío cala. En Illinois, miles de trabajadores del campo, jardinería, restaurantes y remoción de nieve salen cada día sin saber si cobrarán lo justo o si un accidente les cambiará la vida. Alexandra mira ese panorama de frente y contesta con algo simple: “Sin importar su estado migratorio, ellos tienen derechos”.

Alexandra es directora ejecutiva de FLAP (Proyecto de Ayuda para Trabajadores del Campo y Jardineros). Nació en Colombia, trabajó en España, llegó a Estados Unidos con la convicción de honrar a su padre, abogado de trabajadores. Empezó como voluntaria, pasó por enlace comunitario y asistente legal, y hoy dirige la organización. Su motor es claro: demasiada gente calla por miedo a inmigración o por costumbre de “aguantarse”.

FLAP cubre todo Illinois y actúa en varias frentes: educación legal, representación gratuita, prevención de trata laboral y sexual, y puentes con consulados y coaliciones de inmigración. El foco son trabajadores de muy bajos ingresos en invernaderos, viveros, granjas, paisajismo, restaurantes, empacadoras y cuadrillas de nieve. La misión es concreta: mejorar condiciones y oportunidades sin cobrar y sin mirar estatus migratorio.

El alcance importa. Según los propios datos de FLAP, han educado a más de dos millones de personas sobre sus derechos, colaborado con más de 450 organizaciones y recuperado casi cinco millones de dólares en salarios y daños no pagados. También han realizado más de 120,000 presentaciones de “Conoce tus derechos”, entregado millones de piezas de protección personal en pandemia y canalizado ayuda económica y tecnológica a familias inmigrantes. La escala no es una estadística; es un salvavidas repetido miles de veces.

¿Cómo actúan en la calle? Con presencia. “Nuestro equipo va todos los días”, dice Alexandra. Visitan centros de trabajo, negocios y consulados. Forman talleres con aliados. Explican lo básico y lo urgente: derecho a salario mínimo legal, a que no les cobren uniformes ni herramientas de forma ilegal, a consultar con un abogado gratis, a recibir orientación si hay un accidente de auto o una mala práctica médica. Lo repite sin adornos: “Pueden hablar con el abogado… y ya ellos pueden decidir qué hacer”.

Hay confusiones que cuestan caro. Muchos creen que si se lesionan en el trabajo, demandan “al patrón” por encima de todo. Alexandra aclara un punto clave que suele destrabar decisiones: “Es el seguro el que paga por esto”. Por ley, los empleadores deben tener cobertura para accidentes laborales. Si alguien duda de que su jefe está asegurado, existen vías para investigar antes de moverse. La información primero; luego, la decisión.

La organización también responde a otro temor: el costo legal. En su esquema, la consulta es gratuita y muchos casos se llevan sin cobrar al cliente, salvo si hay recuperación. El mensaje busca romper la barrera cultural de “no decir nada”: pedir ayuda no empeora el estatus migratorio ni dispara un problema. Al contrario, evita que una deducción por uniforme o una cirugía mal hecha se convierta en ruina.

El trabajo no ocurre en silencio. FLAP participa en coaliciones como Access to Justice en Illinois, con decenas de organizaciones que brindan servicios migratorios gratuitos. Si una familia necesita un abogado de inmigración en Lake, DuPage, McHenry o el sur del estado, se le conecta con quien corresponde. Además, el equipo es bilingüe y multicultural. “Todos somos bilingües”, subraya Alexandra. Hablan el idioma de la comunidad y entienden sus códigos.

Un caso resume el impacto. Un jardinero cayó desde la troca mientras montaba árboles, se golpeó la cabeza y murió. La familia pudo recuperar daños. En otros expedientes, las deducciones por uniformes dejaron a trabajadores por debajo del salario mínimo, o una cirugía tocó la pierna equivocada. También llegan mujeres despedidas por estar embarazadas o sin...