En cinco años, el proyecto de regular contenido digital en México pasó por tres versiones federales bloqueadas y tres leyes estatales aprobadas en Puebla, Campeche y San Luis Potosí.

Los resultados documentados: cuatro medios bajo silencio judicial, un periodista prohibido de ejercer su profesión por dos años, censura previa aplicada en Campeche —prohibida por el artículo séptimo constitucional— y diez órdenes de aprehensión activas en SLP.

El mecanismo central en los tres casos es idéntico: tipos penales vagos que producen incertidumbre legal y, con ella, autocensura generalizada.

El 19 de julio de 2026, Sheinbaum inauguró el "debate nacional" sobre redes sociales e IA. Ocho días después, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Un texto para radio y televisión que prohíbe la "información descontextualizada" sin definir técnicamente el término. El 4 de agosto, Sheinbaum declaró que los medios "nunca podrán ser multados por el contenido." El texto dice otra cosa.

La consulta pública está abierta hasta el 21 de agosto de 2026: portal.crt.gob.mx/consultapublica.

La reforma judicial de 2024 cambia el cálculo del mecanismo de corrección institucional que antes limitaba estos abusos. Ahora con la Corte del acordeón cambian las cosas.

Morena tiene a más de 300 aspirantes recorriendo diecisiete estados del país desde junio

de 2026. Organizan asambleas, reparten gorras con su cara, contratan grupos musicales,

hacen exactamente lo mismo que haría cualquier candidato en campaña activa. La diferencia:

técnicamente no son candidatos todavía. Y el INE no tiene un solo lineamiento aprobado

para registrar un peso de lo que gastan.

En este episodio analizamos tres cosas: el truco jurídico que hace posible esta situación,

el rastro del dinero que nadie está siguiendo (con tres hipótesis sobre su origen que van

desde el desvío de recursos públicos hasta el crimen organizado), y la cadena de

complicidades institucionales que lo sostiene — incluyendo cómo el TEPJF avaló esto en

abril de 2026 con cinco votos, y cómo los magistrados que votaron a favor acaban de

recibir su reelección hasta 2034.

Este no es un análisis de una irregularidad aislada. Es el mapa de un sistema diseñado

para que quien tiene el poder siempre pueda ganar la discusión técnica.

🌐 gustavorios.org | Episodio: La elección que ya empezó y que nadie está auditando.

México fue sede del evento deportivo más grande del planeta. El gobierno prometió millones de turistas, hoteles rebasados, una derrama económica histórica. La realidad: 850 mil visitantes según firmas de análisis independientes, ocupación hotelera entre 60 y 65%, restaurantes que no vieron diferencia alguna con cualquier semana ordinaria.

Mientras tanto, el organismo internacional organizador —con ingresos anuales en miles de millones de dólares— no pagó un solo peso de ISR, IVA ni IEPS. México fue el único de los tres países sede que otorgó exención fiscal total. Por escrito. De manera oficial.

El Castillo de Chapultepec fue rentado por un millón de pesos para una cena de gala. El festival de Campo Marte usó instalaciones militares gratis. El Fondo Mixto de la CDMX manejó más de 23 mil millones de pesos con cifras que, según Proceso, duplican el valor real de los contratos.

En este episodio analizo quién negoció estas condiciones, por qué nunca se publicó el costo total, y qué dice esta historia sobre cómo funciona el Estado mexicano frente a distintos tipos de actores.

Estratega político. Análisis sin adornos.

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