Al Jazeera informa sobre una crisis de desplazamiento en Catatumbo, Colombia, provocada por el resurgimiento del conflicto entre grupos rebeldes. Esta violencia, que persiste a pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, ha obligado a decenas de miles de personas a huir de sus hogares, desbordando los recursos en ciudades como Cúcuta. Los desplazados enfrentan escasez de alimentos e incertidumbre sobre su regreso, lo que pone a prueba los esfuerzos humanitarios. La política de "paz total" del presidente Petro enfrenta desafíos, ya que los diálogos de paz con el ELN están estancados y el Estado lucha por establecer su presencia en las zonas rurales. La falta de infraestructura y el auge del comercio de coca agravan la crisis, dejando a los residentes preguntándose cuándo podrán volver a casa. El artículo resalta la grave situación y las limitaciones de los esfuerzos actuales para abordar las causas profundas del conflicto y brindar el apoyo necesario.

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Las empresas chinas respaldadas por el Estado han aumentado significativamente sus inversiones en proyectos de infraestructura en Colombia desde la firma de acuerdos comerciales entre 2008 y 2019. Estas inversiones abarcan sectores clave, incluyendo puertos, carreteras, minería, energía y sistemas de transporte público como líneas de metro y trenes ligeros.

Sin embargo, han surgido preocupaciones debido a la naturaleza poco transparente de estos acuerdos, el posible control de infraestructuras estratégicas por parte de empresas chinas y la llegada masiva de trabajadores chinos. Varios proyectos han estado envueltos en controversias relacionadas con acusaciones de corrupción, impacto ambiental, conflictos laborales y el desplazamiento de firmas de ingeniería locales.

Estas inversiones están transformando el panorama de la infraestructura en Colombia, impulsando el crecimiento económico, pero también generando dudas sobre la soberanía y la transparencia. Ante esto, el gobierno colombiano está revisando los acuerdos y, en algunos casos, buscando

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El Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 39 oficiales del Ejército colombiano, incluidos cuatro generales, por su participación en los asesinatos extrajudiciales de 442 civiles en Antioquia entre 2004 y 2007. Estos asesinatos fueron impulsados por una "política de conteo de cuerpos", que incentivaba a los soldados a presentar a civiles como guerrilleros abatidos en combate.

Según la JEP, los comandantes habrían ignorado las denuncias sobre estos crímenes, justificándolos como estrategias de la guerrilla. Además, el tribunal destacó que estas ejecuciones ocurrieron después de que los grupos guerrilleros fueran estratégicamente derrotados y las organizaciones paramilitares se desmovilizaran. Muchas de las víctimas fueron engañadas con falsas promesas de trabajo o identificadas a través de la colaboración con paramilitares.

La JEP enfatizó que estas acciones violaron las directrices gubernamentales y militares vigentes. Los oficiales imputados ahora tienen la opción de aceptar los cargos y participar en el sistema de justicia restaurativa de la JEP o enfrentar penas de prisión.

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