El Banco Central de Venezuela (BCV) modificó las tarifas del servicio de pago móvil al establecer un piso mínimo obligatorio de 14 bolívares por transacción. Aunque el organismo mantuvo congeladas las tasas porcentuales vigentes por operación, el ajuste representa un incremento directo del 600% en la tarifa base, lo que encarece de forma drástica el costo real de los pagos cotidianos de bajo monto que realizan los ciudadanos en su día a día.

Economistas y analistas financieros advierten que la medida tiene un carácter profundamente regresivo, ya que la acumulación de transacciones diarias multiplica el gasto bancario de los usuarios con menores ingresos.

Para compras pequeñas, como el pasaje del transporte público o un pan canilla valorados en 200 bolívares, la comisión fija obligatoria pasa a representar un cobro real del 7%, una cifra desproporcionada para los estándares internacionales que pulveriza el debilitado poder de compra de la población vulnerable.

La nueva normativa establece además que cada intento fallido o rechazado de pago móvil descontará la tarifa mínima de 14 bolívares al usuario.

En un entorno afectado por constantes fallas de electricidad y conectividad, los expertos califican esta penalización como un exabrupto normativo que castiga los errores de infraestructura pública y los descuidos humanos, obligando a los usuarios a extremar precauciones o migrar de vuelta al uso de dinero en efectivo.

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