El 2 de septiembre de 2019, la Agencia Espacial Europea disparó los propulsores de Aeolus a 320 kilómetros de altitud para esquivar a Starlink 44. La probabilidad de colisión había escalado a 1 en 1,000 — diez veces el umbral de acción de la ESA. SpaceX, notificada días antes, no maniobró. Un bug en su sistema de alertas impidió que los operadores vieran las actualizaciones de riesgo. ESA actuó sola. Nadie violó ninguna norma porque no existe norma que violar: la coordinación entre operadores se negocia por email, sin protocolo vinculante, sin autoridad de tráfico, sin registro auditable.

El incidente fue menor. La pregunta que revela es mayor: ¿qué régimen regulatorio aplica a un satélite de navegación que toma decisiones autónomas de evasión? ¿El mismo que a un sistema de soporte vital que raciona oxígeno en una colonia marciana? ¿El mismo que a un algoritmo que adjudica disputas entre operadores mineros en el cinturón de asteroides? La respuesta obvia es que no. El derecho espacial actual carece de herramientas para articular esa diferencia.

El Capítulo 8 de CLA construye la taxonomía funcional que el derecho espacial necesita y aún no tiene. Cuatro dimensiones: función (qué hace el sistema), criticidad (qué pasa si falla), autonomía (cuánta supervisión humana requiere) y dominio (dónde opera). Cinco clases funcionales — desde sistemas de soporte vital (Clase A, criticidad existencial) hasta sistemas de adjudicación y gobernanza (Clase E). Cuatro niveles de autonomía calibrados por la física: la latencia de 22-24 minutos a Marte hace impracticable el control terrestre continuo, y ningún diseño institucional puede modificar esa restricción. El Cubo Regulatorio — la intersección criticidad × autonomía — determina los requisitos mínimos aplicables: nivel de evidencia exigible, intensidad de las condiciones VEC, configuración de los umbrales de dignidad.

Tres patrones estructurales emergen del análisis. Primero, la diagonal de máxima intensidad: un sistema de soporte vital marciano con autonomía adaptativa moviliza simultáneamente toda la tríada ANCLA en su máxima intensidad — no burocracia acumulada, sino respuesta institucional proporcional al riesgo más alto concebible. Segundo, la prohibición de criticidad existencial con supervisión humana única: cuando un sistema cuya falla mata en minutos depende de un único humano, la seguridad del sistema es tan frágil como la atención de ese humano en el peor momento posible. Tercero, la asimetría deliberada: la taxonomía no penaliza la autonomía en sí misma, sino la autonomía sin supervisión proporcional al riesgo.

La taxonomía revela que el problema regulatorio central no es la IA en abstracto sino la IA en contexto. Gobernar el tráfico orbital intercambiando emails no es omisión neutral — es una decisión política con beneficiarios identificables. Sin taxonomía, el operador que rediseña su sistema de soporte vital como «plataforma de gestión de datos» evita los controles más exigentes. Sin taxonomía, la víctima no tiene lenguaje jurídico para articular la diferencia. La clasificación sin consecuencias es nomenclatura. La nomenclatura sin accountability es catálogo.

El Capítulo 9 traducirá esta taxonomía en cadenas de responsabilidad: quién responde por qué cuando un sistema de determinada clase falla.

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